La eficiencia / La revolución ecológica / Raúl de la Rosa

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La eficiencia.

La industria ha de empezar a aceptar los preceptos ecológicos como parte del sentido común productivo, pues pueden ser, además de amortizables, una fuente de riqueza. Hay que variar la dirección tecnológica y los criterios de consumo: aumentar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, y la calidad de los productos, reducir el transporte, el gasto energético en la producción y el uso de materias primas,  pero especialmente hay que observar el impacto que produce cualquier actuación en el entorno y en las comunidades tradicionales. Si una tecnología, un producto o un sistema son teóricamente muy eficientes pero destruyen vínculos económicos locales que permiten la subsistencia de grupos allí asentados, la supuesta eficacia se transforma en la aniquilación de la verdadera eficiencia. Es posible cambiar los actuales procesos productivos por otros en los cuales se introduzcan criterios ecológicos, ya que éstos son compatibles con los beneficios de las empresas. En el actual modelo económico, mientras exista un sistema de libre mercado, son las empresas las que tienen que modificar estos modelos obsoletos por otros con miras más humanitarias y medioambientales. Pero como el mercado por sí mismo no va ha de adoptar medidas de lealtad competitiva introduciendo cambios más salubres y ecológicos, son las personas quienes pueden presionar a las administraciones ya los mercados. Es la fuerza popular la que debe influir en los países industrializados sobre los gobiernos no sólo mediante la selección de los productos más acordes a estos criterios o a través de las elecciones democráticas -pues éstas se encuentran prostituidas-, sino mediante la expresión libre de sus ideas y propuestas en todos los foros, especialmente aquellos que promueven la movilización ciudadana. Las administraciones deben regular los incentivos y las subvenciones que dan a las empresas, pues aquí es donde se generan caminos hacia la eficiencia o hacia el disparate del mercado, donde casi siempre se prima el derroche y la deficiencia y se castiga la eficacia y la eficiencia. Por ejemplo, se incentiva que los edificios sean nocivos para la salud, que vayan en contra del bienestar y que además sean ineficientes y caros. Esto que parece una locura, es una realidad instalada en todos los países occidentales. Los ingenieros y los arquitectos se dedican a reproducir los mismos errores, sin aceptar las innovaciones de ahorro energético, bienestar o reducción de costes, sin contemplar que los elementos de derribo del edificio puedan ser reciclables o reutilizables. Además, cobran según los costes de proyecto, contra más caro sea, más honorarios reciben, y no se complican buscando alternativas más eficientes y menos costosas, proyectando siempre por encima de las necesidades con el derroche que ello supone. Esto sucede especialmente en las áreas del consumo energético del futuro edificio en los sistemas de calefacción, refrigeración o iluminación. Así pues, el arquitecto, ingeniero o diseñador debería cobrar no por el volumen del coste de la obra, sino por la eficiencia de su trabajo desde el punto de vista ecológico, medioambiental y sanitario; al igual que el médico de la antigua china cobraba más conforme la población a su cargo estaba más sana y dejaba de cobrar cuando enfermaba. A mayor ahorro, a mejor edificación respetuosa con la salud y con el medio ambiente, más beneficio para el diseñador. Esta debería de ser la política de relación económica. Los incentivos también deben dirigirse a las empresas promotoras y constructoras para que, así, recompensadas, trabajen en la línea de construir más eficiente y saludablemente. De esta manera, además ofrecen un valor añadido al cliente, lo que es ya de por sí un buen argumento de ventas que cada vez se busca con más ahínco, pues la gente comienza a percatarse de que buena parte de la oferta existente va en contra de sus intereses económicos, medioambientales y de salud. Hay que hacer por ley que los edificios nuevos sean lo más autosuficientes posible, quedando desligados de la dinámica energética monopolista, e incluso pudiendo vender el excedente de energía sobrante. Casas sanas, eficientes y rentables, es el gran reto para terminar con un sector energético monopolista, contaminante y depredador. También el cliente debe ser incentivado a la hora de decidir el tipo de vivienda que desea adquirir, favoreciéndola compra de aquella que contemple el ahorro energético y la eficacia como uno de sus valores, gravando las que sean derrochadoras, empleen materiales que gasten mucha energía en su proceso de producción y en el transporte, no tengan capacidad de reciclaje y de reutilización o presenten problemas de salud por sus emisiones de partículas o gases tóxicos en cualquiera de sus fases: fabricación, uso, reciclaje o desecho. Actualmente no se prima la eficacia, la optimización del sistema o de la maquinaria, pero cuando se estimula que el edificio sea energéticamente eficiente y sano, la construcción cambia radicalmente, se reduce drásticamente su impacto ambiental, uno de los más grandes a escala planetaria. Si se logra que esta dinámica se generalice, habrá un gran ahorro económico para los usuarios y, además, si los incentivos administrativos priman a los constructores y a los diseñadores de edificios y sistemas, todos podrán beneficiarse de una política económica que de rebote es, asimismo, mucho más humanitaria. Una familia tiene la posibilidad de acceder a viviendas de un mayor precio y un mayor bienestar si las casas son eficientes desde el punto de vista energético, ya que el ahorro que supone permite amortizar la diferencia de coste. De esta manera la eficacia energética es un valor añadido a la vivienda que hay que considerar a la hora de adquirirla, pues el esfuerzo económico constante que conlleva vivir en una casa derrochadora poco eficiente contrasta con el ahorro de una vivienda eficiente. De este modo, la casa ecológica incrementa el bienestar y la salud mejorando la calidad de vida y la economía doméstica y planetaria. Hay que recobrar el sentido común y estimular lo sano, lo eficaz, lo ecológico en vez de lo nocivo, lo derrochador, lo depredador. El constructor reduce costes, el usuario elimina gastos y aumenta su bienestar al desligarse de riesgos para su salud, al tiempo que la población y la naturaleza reciben menos contaminación procedente de los procesos industriales al limitarse la presencia de productos tóxicos en el proceso de fabricación, en la instalación, en el uso y en el desecho. Las fábricas que contaminan han de tener responsabilidades desde el punto de vista jurídico que penalicen su actividad, pero hay acciones que logran efectos mayores que el de la sanción. Si una industria coge agua de un río en la zona situada más abajo del lugar donde emite sus residuos, sólo por el hecho de no contaminar su proceso de fabricación con agua residual, producto de sus propios residuos, ya hará por tener una depuradora que haga que sus detritos no contaminen el agua que ellos han de volver a utilizar. Y así, siendo partícipes directos de los efectos de nuestras acciones, buscaremos soluciones para que estos no dañen, especialmente cuando vemos que este perjuicio nos implica de forma directa. Si las emisiones contaminantes del aire de las industrias tuvieran que volver a entrar dentro del edificio, los fabricantes ya se ocuparían de que los filtros para estos contaminantes funcionaran a la perfección y limpiaran totalmente el aire, claro está, si existiera una política laboral que controlara eficazmente el medio ambiente interior .Resumiendo, las industrias deben beber de sus aguas y respirar su aire, para que así se tenga la garantía de que esas aguas son realmente puras y que el aire es realmente sano, pues hasta ahora es la población y el medio ambiente quienes asumen los riesgos de los beneficios de las industrias y no éstas, por lo que no sólo se trata de responsabilizarles, sino hacerles partícipes de este riesgo, y al verse directamente implicados, a buen seguro que estos riesgos desaparecen si existe un correcto control sanitario laboral. Hay que buscar fórmulas para que los contaminadores y depredadores no puedan eludir su responsabilidad, no sólo jurídica, sino social y es pues que comprometiéndolos en la situación como mejor se podrán advertir cambios en la actual política económica fundamentalista, y cuando no se pueda responsabilizar a los intereses financieros en una política proteccionista del medio ambiente y de la salud hay que suprimirlos. No hay que penalizar o primar únicamente a las empresas según sea el resultado de su acción social o ecológica, sino al individuo, a su conducta personal. Cuando se traslada en un coche contaminando el aire con la gasolina, o cuando el agricultor utiliza pesticidas, acciones ambas que actualmente suponen un riesgo para la salud general y un impacto medioambiental, no tan sólo salen inmunes de esta acción antisocial y antiecológica, sino que se fomenta institucionalmente .Uno de los mayores gastos energéticos y uno de los focos de contaminación más elevados procede del transporte de mercancías a grandes distancias. Estos largos desplazamientos de productos de multinacionales destruyen la producción autóctona, además son un foco de contaminación muy importante que incrementa los costes del producto y el daño medioambiental. Habría que limitar el transporte de mercancías y el individualizado. Si los productos transportados alargas distancias, tuvieran que añadir a su coste, el valor del impacto ambiental que provoca la contaminación del transporte y sobre todo la repercusión socioeconómica en la producción local, no serían rentables. Con lo cual vemos una vez más como es la sociedad la que paga el lucro de determinadas industrias en contra además de sus propios intereses medioambientales, laborales y de calidad de vida y bienestar. Si cada persona acude con su coche particular al trabajo, se genera una gran polución que sólo favorece a las industrias automovilísticas y petrolíferas, pero perjudica gravemente a la población por la pérdida de calidad de vida, por la lacra contaminante y por los elevados costes que tiene el mantenimiento de un vehículo, innecesario la mayoría de las veces y contrario a la salud y al bienestar personal. Los accidentes, la contaminación, los costes y las continuas reparaciones de calles y carreteras, el impacto medioambiental del asfaltado, la pérdida de tiempo en los atascos, el estrés, el ruido, el consumo de energías no renovables, los impuestos: ¿cuál sería el verdadero precio del transporte si sumáramos todos estos montantes? Los precios no reflejan en realidad los costes de los productos, si los sumamos, las empresas contaminantes dejarían de producirlos, pero no se trata sólo de precios, costes, recargas, impuestos, sino de lógica, razón, coherencia, bienestar y solidaridad. Hay que comenzar a reconvertir todo aquello que atente contra los preceptos sociales, incluyendo en ellos el medio ambiente, pues es la sociedad quien en realidad paga los costes generados por el lucro de las oligarquías financieras. El pago de impuestos según las características del automóvil, su coste, su nivel de contaminación, los ingresos del usuario, si son horas punta o no, la zona en donde vive, gravando aquellos con más densidad de tráfico y de vehículos, utilizando todos estos ingresos en medidas que favorezcan la utilización de transportes colectivos y el desplazamiento andando o en bicicleta. Actualmente todas estas medidas de control son posibles en las ciudades gracias a la tecnología electrónica, así por un lado se provocaría que los fabricantes de automóviles hicieran los vehículos menos contaminantes para ver su producto favorecido en el mercado y los compradores serían incentivados por una compra más ecológica y contra menos usaran el vehículo, más beneficio obtendrían, pero los más beneficiados serían los que no tuvieran automóvil y utilizaran transportes alternativos o se desplazaran poco en sus vehículos particulares. Hoy en día la tecnología es capaz de fabricar vehículos de contaminación cero, y esta dinámica es la que hay que favorecer en contra de los grandes intereses de empresas y estados que se lucran mediante el control oligopolizante y los impuestos antisociales de las energías contaminantes. Habría que primar el transporte colectivo: metro, autobús y vehículos compartidos. Es preferible el colectivismo contra el individualismo amoral, que, además, es contrario a los propios intereses personales. Se trata de buscar objetivos en las actuaciones individuales que minimicen los costes sociales desde una óptica personal con incentivos que apoyen estas acciones. No se trata de hacer una política de impuestos ecológicos, lo que traería un aumento en el coste de vida, sino una reforma que lleve a un equilibrio entre bonificaciones e impuestos para hacer que haya una tendencia equilibradora del mercado, aumentando exponencialmente el impuesto de las actitudes contaminadoras y poco eficientes. Hay que eliminar los actuales sistemas fiscales que castigan el trabajo y potencian la especulación; poner impuestos al trabajo resulta contraproducente para la economía social. Habría que quitar estos impuestos y traspasarlos hacia lo que supone un impacto ecológico, protegiendo las actitudes favorecedoras de bienestar social y castigando las que van en contra. Es mejor bonificar antes que penalizar, es más efectivo para cualquier tecnología en general, ya sea un coche o una fábrica. Se bonifica de acuerdo a su consumo y se penaliza la ineficacia, de esta forma se jubilan las tecnologías viejas e ineficientes. Este sistema puede no sólo dirigirse hacia la tecnología, sino también provocar un equilibrio económico en la sociedad, pues asimismo se puede bonificar o primar especialmente a aquellos de los substratos menos favorecidos, con lo cual la política económica sirve también para el equilibrio económico social. Sin embargo, actualmente sucede todo lo contrario pues los incentivos van dirigidos justamente en la dirección opuesta, es decir en antítesis con la naturaleza, en oposición al medio ambiente, en contra de la estabilidad colectiva, y así la eficiencia y la igualdad universal encuentran grandes obstáculos en su camino. Se comprueba como las subvenciones estatales van en antagonismo a lo que en teoría deberían colaborar, pues se subvenciona a empresas eléctricas y agrarias, lo que supone auténticos despilfarros, favoreciendo políticas contaminantes y antisociales. Sin embargo, bien podrían modificar su dirección en caso de que se subvencionase aquello que las mejora y no aquello que las mantiene dentro de la esquilmación y el impacto ambiental. Sin olvidar los daños en la salud de las personas expuestas a sus campos electromagnéticos o los consumidores de productos tratados con pesticidas, fertilizantes, etcétera. Así, y de rebote, como consecuencia de estas subvenciones, el usuario se ve afectado en la tarifa, conducido al derroche como política estatal y obligado a consumir productos de menor calidad que los que daría una política dirigida a favorecer la agricultura biológica y no la que utiliza productos contaminantes para la naturaleza y el consumidor. Las bonificaciones, las ayudas deben ir dirigidas no sólo a la eficiencia, sino a primar a las personas más necesitadas y alas que tienen menos recursos. Actualmente, las facilidades y los beneficios se dirigen en contra del medio ambiente, en contra de la salud, en contra de los derechos humanos. La tecnología ha avanzado bastante en cuanto a la reducción del consumo de recursos, pero aún no se ha implantado de forma masiva debido a los intereses por mantener y amortizar al máximo la actual tecnología contaminante. Las alternativas deben partir de sistemas de producción limpios como primer paso hacia la sostenibilidad. En vez de usar costosos tratamientos para los residuos más tóxicos y peligrosos, hay que tender a que estos no se produzcan. No es cuestión de hacer menos daño medioambiental, sino de no hacerlo. Si reducimos las emisiones a la mitad, pero aumentamos a más del doble la producción, lo único que hemos conseguido es aumentar la contaminación y seguir ascendiendo en la espiral consumista. Es obvio que la esquilmación de la naturaleza, no produce bienestar a la humanidad sino lo contrario, lo que hay que lograr es un equilibrio entre lo consumido y lo renovado en el medio natural, así como aumentar la eficiencia tecnológica y la eficacia en la gestión, incluyendo el respeto hacia la naturaleza, tratando de recuperar la autosuficiencia de las comunidades locales vinculadas a ella. Hay que tratar que la sostenibilidad y la eficiencia lleguen a ser una ventaja comercial, social, personal y económica.

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